Documento de prensa 28 de octubre del 2020

Nuestra conciencia es de Pueblo, la memoria también.

El CAI, Consejo Asesor Indígena, organización autónoma, de base del Pueblo Mapuche, por el peligroso panorama que va gestando el gobierno de la Provincia de Rio Negro, nos dirigimos a pu peñi, pu lamngen de nuestro pueblo, al conjunto de la sociedad de este país, expresando nuestro pensamiento y nuestra posición política ante la preocupante situación.

En 1988 se sancionó la Ley 2287 Integral del Indígena, con el acuerdo de todos los bloques políticos partidarios del momento. Nosotros también participamos del proceso que llevó a su sanción, lo que nos permitió ver y aprender el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el legislativo.

No fue fácil: era la primera vez que estábamos frente a representantes del gobierno para discutir sobre nuestros derechos, poniendo sobre la mesa años de dolor y rabia, en los que habíamos soportado arrinconados en los lugares más áridos y fríos después de la matanza cometida por el ejército argentino sobre nuestro pueblo. El argumento para legislar era la decisión de realizar una “reparación histórica” por lo que el Estado había cometido y reconocer nuestra existencia como pueblo.

Varias veces nos reunimos con legisladores, abogados, técnicos y funcionarios de distintas áreas del gobierno en Trawun (parlamento), analizando y discutiendo sobre seguridad social, vivienda, educación, cultura. Llegábamos a cada encuentro realizado en Huahuel Niyeu (I. Jacobacci) desde distintos puntos de la provincia, desde parajes, pueblos y ciudades en que nuestra gente ya venía organizándose para fortalecer la identidad a partir de la recuperación de nuestra lengua y cultura. Llegábamos desde la cordillera, desde la extensa región hoy llamada “línea sur”, desde Zunguncurá. Nuestros mayores, ancianos y ancianas de setenta, ochenta años, se movilizaron como pudieron para hablarle al gobierno no sólo sobre la realidad sino fundamentalmente sobre nuestro pensamiento.

Fuimos armando consensos que quedaran plasmados en la nueva ley. Dos puntos paralizaron la discusión, provocando un conflicto con la provincia y nuestra movilización a Viedma, ciudad capital, para sostener nuestra posición. Uno fue el referido a la autoridad de aplicación de la ley, que nosotros exigíamos integrar; el otro, el vinculado al reconocimiento de los territorios que ocupamos y a la restitución de aquéllos de los que fuimos despojados mediante usurpaciones, estafas y otras metodologías que debían ser investigadas. Despojos que se hicieron y continúan haciéndose en la actualidad con la

actitud “distraída” de funcionarios del gobierno, con la participación directa de la Dirección de Tierras, con el visto bueno de gobernadores.

Durante cien años nuestros mayores sufrieron esta situación, ante una sociedad que veía que le sacaran el campo a un “paisano” en forma natural, como algo común, establecido, hasta casi divertido. Comerciantes y personajes vinculados al poder político llegaron a convertirse en verdaderos terratenientes.

Hoy, directamente, “vienen por todo”, sin ocultamiento, ofreciendo a los capitales internacionales el territorio con las comunidades y los pobladores dispersos que siempre hemos estado allí dentro. Ya lo hizo el ex gobernador Massaccesi. El ex gobernador Weretilneck, hoy senador nacional, dejó en la legislatura provincial un proyecto de ley para reformar la actual Ley 279 de Tierras Fiscales. Él no pudo lograr que se aprobara, pero la actual gobernadora Arabela Carreras, ni bien asumió su cargo, afirmó que buscaría su aprobación porque ella gobernaba para la mayoría. Si ella considera mayoría a los terratenientes, ¿qué somos los miles de nuestra gente que vivimos en los territorios y las ciudades?

El contenido de este proyecto es llevar a la práctica nuestra expulsión definitiva del territorio. Blanquear, legalizar todos los despojos, como expresó recientemente en Radio Mitre la gobernadora, dándole tranquilidad a los “emprendedores”. No habría investigación alguna como lo establece la Ley 2287. Inversionistas de este país y del extranjero tendrán la oportunidad de elegir el lugar que consideren para radicarse, sin importar quienes ya estén viviendo allí, ya que se asegurarían su expulsión de manera “legal”.

En esa misma nota radial, la gobernadora le pide al INAI que tenga un rol “pacificador” y que no intervenga en el Relevamiento Territorial que establece la Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena. Buscan aliados para completar la masacre sobre nuestro Pueblo, llevada adelante por Julio Argentino Roca. La directiva para ejecutar el genocidio en la “Campaña al Desierto “al final de los años 1800, fue dada en el Congreso Nacional, Weretilneck, hoy Senador pide represión y cárcel para quienes recuperamos, por derecho legal y legítimo, el territorio al que pertenecemos; también, para los miles de familias que buscan un lugar donde criar a sus hijos.

En este punto destacamos que, antes que el INAI, es el gobierno nacional el que debe dejar clara su posición. Justamente por el accionar de la provincia es que insistimos en que se debe discutir sobre políticas y legislaciones que llevan muchos años de sancionadas en las provincias y en el ámbito del Estado nacional. Es del gobierno nacional la responsabilidad de garantizar los derechos que se nos reconocen, al ser firmante del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros acuerdos internacionales. La negación de reconocerlas y aplicarlas afecta no sólo al Pueblo Mapuche sino a todos los Pueblos Originarios que existimos en el territorio de este país.

La gobernadora y los grandes medios de comunicación también hablan del respeto de las leyes. Si esto fuera así, se hubieran evitado muchos y graves conflictos. Lewis, Benetton, Emiratos Árabes, las empresas mineras y petroleras no tendrían posibilidades de despojarnos del territorio al que pertenecemos, tal como lo que está sufriendo la Comunidad Kom Kiñe Mu en el Alto Río Chubut, o la Comunidad Gallardo-Calfú, en El Foyel. Si esto fuera así, cientos de familias mapuche estarían en su territorio o estarían

volviendo a él. Si así fuera, Rafa Nahuel, weché (joven) de nuestro pueblo, asesinado por las fuerzas represivas del Estado que hoy rodea el espacio territorial en el que él soñó vivir, estaría creciendo como wenchrú, reconociendo los Newen de los que le contaban sus mayores. Es posible evitar el desalojo de la Comunidad Lafken Winkul Mapu recurriendo simplemente a los pactos internacionales que establecen nuestro derecho de retornar al territorio.

-El gobierno provincial en la voz de la Gobernadora, permanentemente expresa lo que piensa, el gobierno Nacional tiene la posibilidad de hacer un análisis de fondo por la situación del Pueblo Mapuche y de todo los Pueblos Originarios que padecen situaciones insoportables.

-Con represión, cárcel y muerte no se logra la paz, eso es someter.

Somos un pueblo libre, de conciencia y memoria, hemos sido violentados tratando de exterminarnos. Hoy como nuestros ancestros, defendemos el territorio que nos permite la existencia. Nos está costando la vida, nos están asesinando, avanza el despojo, y confinamiento. Incansable ha sido la lucha de nuestros mayores. Es inminente que la sociedad tome conciencia y si esto no ocurre, la responsabilidad será de los gobiernos y el injusto sufrimiento será de miles de familia que no merecemos la “paz “que proponen.

¡!!Marichi Weu Marichi Weu Marichi Weu!!!

CAI – Consejo Asesor Indígena Puel Mapu - (Argentina) Hermenegildo Chacho Liempe.

Para contacto: 294-4455409