La judicialización de los reclamos del pueblo mapuche, la criminalización de sus organizaciones y la represión de sus formas de protesta no son nuevas, pero han asumido una mayor intensidad en los últimos tiempos. De manera recurrente nos encontramos con noticias que dan cuenta de ellas. Sólo por mencionar las de mayor difusión, en los últimos dos meses nos enteramos de la absolución de seis integrantes del Lof Campo Maripe juzgados por el delito de usurpación de su propio territorio en la formación Vaca Muerta (provincia de Neuquén) y del procesamiento por homicidio agravado y dictado de prisión preventiva de un cabo de la Prefectura Naval Argentina dictado por la Cámara de Apelaciones de General Roca en el caso del asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi (provincia de Río Negro). Son dos noticias destacadas, en particular la primera de ellas, por los argumentos en que se fundó el fallo: el reconocimiento de los  derechos de los pueblos indígenas constitucionalmente consagrados, la inadecuación del derecho penal para dar una solución al conflicto, entre otros. A la vez, en Río Negro se está llevando adelante, en el ámbito del fuero civil, una causa que no ha encontrado igual repercusión en los medios. Se trata de la demanda colectiva seguida contra el Estado provincial por distintas comunidades y lof organizadas en el Consejo Asesor Indígena (CAI). Esta demanda, iniciada en el año 2009, debiera establecer si existieron despojos de los territorios de las comunidades y Lof que componen el CAI, y subsanar la inacción del Estado en la determinación de esa existencia. Tanto en la base de éste como de los dos casos anteriores nos encontramos con una misma problemática, la de la tierra, y con un mismo proceso de larga data, el de su concentración en unas pocas manos y el del desplazamiento, arrinconamiento y despojo del pueblo mapuche. El alambrado de sus campos, el encierro de sus animales, su denuncia penal como usurpadores se perpetúan como expresiones de ese proceso.

Les dejamos dos documentos, producidos por las mismas comunidades y organizaciones, que dan cuenta de lo que aquí presentamos. En el primero de ellos, la Confederación Mapuche de Neuquén se expresaba con anterioridad al juicio a miembros del Lof Campo Maripe: http://www.opsur.org.ar/blog/2019/04/09/comunicado-urgente-de-la-confederacion-mapuche-de-neuquen/. En el segundo, la comunidad Kom Kiñe Mu (una de las que integra el CAI de Río Negro y es parte de la mencionada demanda colectiva) informa acerca de las medidas judiciales en torno de los conflictos territoriales que enfrenta en el paraje Arroyo Las Minas: https://comunidadmapuchekomkinemu.blogspot.com/2019/06/conflictos-territoriales-en-la.html.

Un último archivo periodístico, sobre la absolución de los miembros de Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen respecto de los cargos por abigeato, usurpación y tenecia de armas que pesaban sobre ellos. El pasado mes de Marzo, en Esquel, fueron librados de culpa y cargo por el poder judicial del  Chubut, lo que significó un revés para la Compañía de Tierras del Sud Argentino (propiedad del grupo Benetton) y el poder ejecutivo provincial. La lectura del fallo de la jueza Stefanía en el relato de la Radio Counitaria FM Kalewche, de la ciudad de Esquel:

https://www.kalewchefm.org/noticias/manana-de-lobos/10251-absueltos

¿Entre la política y la justicia continúa la lucha por el territorio?